El cierre de líneas ferroviarias de media distancia anunciado hoy es otra medida socialmente injusta
La decisión de cerrar servicios ferroviarios de media distancia, respaldada hoy por el Consejo de ministros, es un paso más en el desmantelamiento del transporte público en el Estado español. La rentabilidad se emplea como argumento para suprimir líneas accesibles a la mayoría de la población. Pero, paradójicamente, no se alude al coste de de los miles de millones de euros invertidos en líneas de alta velocidad, que no son rentables en la mayor parte de los casos. Ecologistas en Acción lamenta que continúe el despilfarro y la ineficiencia, con una política de tren elitista que es social y ambientalmente perjudicial.
Se extiende el panorama de trenes ultrarrápidos y ultracaros vacíos, de estaciones fantasma en ciudades y de pueblos incomunicados sin estación. La decisión adoptada por el Ministerio de Fomento mantiene una política de transporte iniciada hace dos décadas, que sentencia de muerte al ferrocarril convencional mientras aumentan de manera insostenible las líneas de alta velocidad. El muy cuestionable honor de ser el segundo país del mundo en kilómetros de vías ferroviarias de alta velocidad se ha logrado a golpe de deuda pública y despilfarro.
Las líneas ferroviarias de media distancia proporcionan un servicio básico para muchas poblaciones rurales que quedarán aún más aisladas con los cierres anunciados hoy. La única forma de desplazamiento será por carretera, lo que dificultará la vida de aquellas personas residentes en el medio rural que no dispongan de automóvil o no puedan conducirlo, por edad o cuestión física. La sustitución de los trenes por autobuses supondrá un deterioro del servicio de transporte para los sectores más vulnerables, y en ningún modo sustituirá de igual manera el servicio ferroviario convencional.
La decisión de cerrar servicios ferroviarios de media distancia, respaldada hoy por el Consejo de ministros, es un paso más en el desmantelamiento del transporte público en el Estado español. La rentabilidad se emplea como argumento para suprimir líneas accesibles a la mayoría de la población. Pero, paradójicamente, no se alude al coste de de los miles de millones de euros invertidos en líneas de alta velocidad, que no son rentables en la mayor parte de los casos. Ecologistas en Acción lamenta que continúe el despilfarro y la ineficiencia, con una política de tren elitista que es social y ambientalmente perjudicial.
Se extiende el panorama de trenes ultrarrápidos y ultracaros vacíos, de estaciones fantasma en ciudades y de pueblos incomunicados sin estación. La decisión adoptada por el Ministerio de Fomento mantiene una política de transporte iniciada hace dos décadas, que sentencia de muerte al ferrocarril convencional mientras aumentan de manera insostenible las líneas de alta velocidad. El muy cuestionable honor de ser el segundo país del mundo en kilómetros de vías ferroviarias de alta velocidad se ha logrado a golpe de deuda pública y despilfarro.
Las líneas ferroviarias de media distancia proporcionan un servicio básico para muchas poblaciones rurales que quedarán aún más aisladas con los cierres anunciados hoy. La única forma de desplazamiento será por carretera, lo que dificultará la vida de aquellas personas residentes en el medio rural que no dispongan de automóvil o no puedan conducirlo, por edad o cuestión física. La sustitución de los trenes por autobuses supondrá un deterioro del servicio de transporte para los sectores más vulnerables, y en ningún modo sustituirá de igual manera el servicio ferroviario convencional.
Se emplea el argumento de cerrar los servicios de tren convencional que no son eficientes desde el punto de vista medioambiental, económico y social, cuando es la política de transporte la que ha provocado esa ineficiencia. En las últimas décadas se han invertido cantidades multimillonarias en construcción y mejoras de nuevas infraestructuras de alta velocidad, mientras el ferrocarril convencional ha quedado, por el contrario, desatendido. Por ello, las líneas de tren de media distancia están cada vez más obsoletas y funcionan peor.
Una política de transporte que no solo es injusta en términos sociales (priorizando la vertebración entre grandes ciudades y marginando las pequeñas poblaciones rurales) y económicos (el AVE es inaccesible económicamente para una gran parte de la sociedad), sino que también ha incidido en los problemas ambientales que causa el transporte: construcción de infraestructuras, consumo energético y emisiones de CO2.
Si la apuesta hubiera sido por el tren convencional, la deuda pública sería hoy varias veces inferior, la factura en consumo energético sería mucho más pequeña (el transporte es el mayor consumidor de energía primaria en España), las emisiones de gases de efecto invernadero serían menores, nuestro territorio estaría menos fragmentado y nuestros hábitats naturales menos deteriorados.
Resulta alarmante que los numerosos ejemplos de ineficiencia y despilfarro no lleven a rectificar y apostar por una nueva política de infraestructuras que abandone la construcción de nuevas líneas de AVE, obligue a que el transporte por carretera asuma los costes reales por el uso y mantenimiento de la carretera y apueste por el tren convencional como el modo de canalizar los desplazamientos interurbanos.
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